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30.11.09
29.11.09
1.11.09
31.10.09
24.10.09
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URUGUAY-NOTICIAS
Un grupo especial
investiga
exportación de
libros a Venezuela
Gatti. Jueza comenzará a tomar testimonios
Un grupo especial integrado por cinco organismos públicos realiza un informe para la Justicia sobre una millonaria exportación de libros a Venezuela, cuya legalidad está bajo sospecha. Con ese material, la jueza Gatti comenzará a tomar testimonios.
El grupo está integrado por funcionarios de la Secretaría Antilavado de la Presidencia, el Banco Central, la Dirección General Impositiva, el Instituto Técnico Forense y la Policía. El equipo maneja básicamente dos posibles ilícitos: lavado de dinero o sobrefacturación de exportación a raíz de la utilización de un tipo de cambio preferencial en Venezuela, dijeron fuentes del caso consultadas por El País.
La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe convocaron a este grupo que los asesora porque lo consideraron necesario.
La investigación de este grupo especial sobre la exportación a Venezuela realizada por la empresa Apliser S.A. en Uruguay, está terminada, dijeron fuentes judiciales. Agregaron que aguardan informes de otros países para finalizar su trabajo en este caso y elevarlo a la Justicia. Si los datos que se aguardan del exterior demoran, el grupo entregará un informe preliminar a la jueza Gatti.
Basada en esos elementos, la magistrada comenzará a tomar declaraciones a las partes involucradas. Hasta ahora, solamente se llevó adelante un allanamiento en el estudio contable que trabaja para Apliser S.A. de donde se incautó documentación relativa al caso que está siendo analizada.
Este expediente tuvo su inicio en una denuncia anónima que llegó al Juzgado de Gatti y que refería a presuntas irregularidades en exportaciones de libros a Venezuela.
El caso tuvo trascendencia pública luego que el senador nacionalista Ruperto Long difundió que Apliser S.A. -que comenzó a funcionar en 2008- quedó en el puesto número 21 de la lista de mayores exportadores de Uruguay en el primer semestre de 2009, al exportar libros a Venezuela por US$ 32 millones.
Uno de los elementos que más sospechas generó al legislador es la diferencia entre el costo del producto y el valor de exportación, puesto que el costo aproximado de cada libro rondó los US$ 6 y fueron vendidos a US$ 498 cada uno. El grupo especial detectó casos similares de exportaciones sospechosas, de los que también recaba información.
A nivel tributario, se deberá esperar a que la empresa cierre su ejercicio económico el próximo 31 de diciembre. Desde ese día, la firma tendrá cuatro meses para realizar el pago correspondiente.
Según estimaciones, Apliser S.A. podría tener que pagar un total cercano a los US$ 9 millones por concepto de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Sin embargo, desde la empresa se sostiene que el negocio no puede ser gravado, ya que por ley las exportaciones de libros y revistas cuentan con franquicias tributarias.
Pedido de informes a la DGI
El senador nacionalista Ruperto Long presentó esta semana un pedido de informes al Ministerio de Economía, para saber si la Dirección General Impositiva tomó alguna medida "de garantía" en relación a Apliser S.A. También requirió información sobre la empresa en el Registro Nacional de Comercio y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El director de la DGI, Nelson Hernández, explicó a El País que el organismo no puede tomar ninguna medida en relación a Apliser S.A. hasta tanto no se determine si existe o no una deuda.
EL PAÍS DIGITAL
investiga
exportación de
libros a Venezuela
Gatti. Jueza comenzará a tomar testimonios
Un grupo especial integrado por cinco organismos públicos realiza un informe para la Justicia sobre una millonaria exportación de libros a Venezuela, cuya legalidad está bajo sospecha. Con ese material, la jueza Gatti comenzará a tomar testimonios.
El grupo está integrado por funcionarios de la Secretaría Antilavado de la Presidencia, el Banco Central, la Dirección General Impositiva, el Instituto Técnico Forense y la Policía. El equipo maneja básicamente dos posibles ilícitos: lavado de dinero o sobrefacturación de exportación a raíz de la utilización de un tipo de cambio preferencial en Venezuela, dijeron fuentes del caso consultadas por El País.
La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe convocaron a este grupo que los asesora porque lo consideraron necesario.
La investigación de este grupo especial sobre la exportación a Venezuela realizada por la empresa Apliser S.A. en Uruguay, está terminada, dijeron fuentes judiciales. Agregaron que aguardan informes de otros países para finalizar su trabajo en este caso y elevarlo a la Justicia. Si los datos que se aguardan del exterior demoran, el grupo entregará un informe preliminar a la jueza Gatti.
Basada en esos elementos, la magistrada comenzará a tomar declaraciones a las partes involucradas. Hasta ahora, solamente se llevó adelante un allanamiento en el estudio contable que trabaja para Apliser S.A. de donde se incautó documentación relativa al caso que está siendo analizada.
Este expediente tuvo su inicio en una denuncia anónima que llegó al Juzgado de Gatti y que refería a presuntas irregularidades en exportaciones de libros a Venezuela.
El caso tuvo trascendencia pública luego que el senador nacionalista Ruperto Long difundió que Apliser S.A. -que comenzó a funcionar en 2008- quedó en el puesto número 21 de la lista de mayores exportadores de Uruguay en el primer semestre de 2009, al exportar libros a Venezuela por US$ 32 millones.
Uno de los elementos que más sospechas generó al legislador es la diferencia entre el costo del producto y el valor de exportación, puesto que el costo aproximado de cada libro rondó los US$ 6 y fueron vendidos a US$ 498 cada uno. El grupo especial detectó casos similares de exportaciones sospechosas, de los que también recaba información.
A nivel tributario, se deberá esperar a que la empresa cierre su ejercicio económico el próximo 31 de diciembre. Desde ese día, la firma tendrá cuatro meses para realizar el pago correspondiente.
Según estimaciones, Apliser S.A. podría tener que pagar un total cercano a los US$ 9 millones por concepto de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Sin embargo, desde la empresa se sostiene que el negocio no puede ser gravado, ya que por ley las exportaciones de libros y revistas cuentan con franquicias tributarias.
Pedido de informes a la DGI
El senador nacionalista Ruperto Long presentó esta semana un pedido de informes al Ministerio de Economía, para saber si la Dirección General Impositiva tomó alguna medida "de garantía" en relación a Apliser S.A. También requirió información sobre la empresa en el Registro Nacional de Comercio y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El director de la DGI, Nelson Hernández, explicó a El País que el organismo no puede tomar ninguna medida en relación a Apliser S.A. hasta tanto no se determine si existe o no una deuda.
EL PAÍS DIGITAL
22.10.09
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URUGUAY-NOTICIAS
Cementerios: ediles se retiran de sala y evitan interpelación
LAS PARADOJAS
DEL GOBIERNO
“HONRADO”
Sin avances por falta de quórum
Gravísimas denuncias sobre irregularidades en cementerios municipales quedaron sin respuestas. La oposición convocó al intendente Ricardo Ehrlich a la Junta Departamental, pero no logró quórum para llevar adelante una interpelación.
"Estaba mi madre presente y cuando se levantó la sesión, varios ediles del Frente Amplio que estaban fuera de sala terminaron aplaudiendo. Nos sentimos muy lastimados: estamos hablando de mi padre, que desapareció y que no encontramos sus restos", dijo Solange Aguiar a El País .
La joven concurrió ayer con su hermana y su madre a la Junta Departamental, al igual que otros familiares que se han visto afectados por casos similares de desaparición de cuerpos en cementerios municipales. Pero la interpelación no pudo llevarse a cabo, por falta de quórum.
Ninguno de los ediles oficialistas ingresó a sala, por lo que era necesario que estuvieran los 11 ediles de la oposición para llevar adelante la sesión. Sin embargo, la ausencia de los colorados Guillermo Facello y Duilio Albertoni -suplente de Cristina Ferro, con licencia médica- impidió alcanzar el número requerido.
De todos modos, el intendente Ricardo Ehrlich no respondió al llamado. En su lugar, envió a la directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia, Hyara Rodríguez, responsable política del servicio municipal de Necrópolis.
Rodríguez concurrió acompañada por el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, y por el director de Recursos Financieros, Enrique Cabrera.
Aguardó unos minutos. Y se retiró cuando el presidente de la Junta, Dari Mendiondo (FA), dio por levantada la sesión.
MALESTARES. El edil convocante, Daniel Graffigna (PN), hizo explícito su malestar por la ausencia de los dos ediles del Partido Colorado. Sin embargo, descargó reproches hacia la bancada oficialista.
"Ninguno entró a sala. Tampoco se hizo presente el intendente Ehrlich. Y hay que aclarar que estaba en falta, porque no concurrió cuando debió hacerlo y tuvimos que marcarle fecha para que viniera. Esto demuestra, claramente, que no tienen voluntad para investigar, ni para terminar con la corrupción que hay en el Servicio de Necrópolis de la Intendencia".
"Es una frustración, siento que cometí un error garrafal al haber confiado en el intendente, que se comprometió a investigar este tema gravísimo de desaparición de cuerpos y venta ilegal de nichos y panteones en los cementerios municipales", añadió Graffigna.
Motivos para la ausencia
El capítulo XIV del reglamento de la Junta Departamental señala en su artículo N° 80 que "todo edil está obligado a asistir, salvo caso de fuerza mayor, a todas las sesiones plenarias o de las comisiones asesoras (...), permaneciendo en sala durante su transcurso". Varios de los ediles del Frente Amplio se encontraban ayer en el edificio de la Junta Departamental, pero no ingresaron a sala. También faltaron dos ediles colorados.
El País Digital- TITULOS NUESTROS
LAS PARADOJAS
DEL GOBIERNO
“HONRADO”
Sin avances por falta de quórum
Gravísimas denuncias sobre irregularidades en cementerios municipales quedaron sin respuestas. La oposición convocó al intendente Ricardo Ehrlich a la Junta Departamental, pero no logró quórum para llevar adelante una interpelación.
"Estaba mi madre presente y cuando se levantó la sesión, varios ediles del Frente Amplio que estaban fuera de sala terminaron aplaudiendo. Nos sentimos muy lastimados: estamos hablando de mi padre, que desapareció y que no encontramos sus restos", dijo Solange Aguiar a El País .
La joven concurrió ayer con su hermana y su madre a la Junta Departamental, al igual que otros familiares que se han visto afectados por casos similares de desaparición de cuerpos en cementerios municipales. Pero la interpelación no pudo llevarse a cabo, por falta de quórum.
Ninguno de los ediles oficialistas ingresó a sala, por lo que era necesario que estuvieran los 11 ediles de la oposición para llevar adelante la sesión. Sin embargo, la ausencia de los colorados Guillermo Facello y Duilio Albertoni -suplente de Cristina Ferro, con licencia médica- impidió alcanzar el número requerido.
De todos modos, el intendente Ricardo Ehrlich no respondió al llamado. En su lugar, envió a la directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia, Hyara Rodríguez, responsable política del servicio municipal de Necrópolis.
Rodríguez concurrió acompañada por el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, y por el director de Recursos Financieros, Enrique Cabrera.
Aguardó unos minutos. Y se retiró cuando el presidente de la Junta, Dari Mendiondo (FA), dio por levantada la sesión.
MALESTARES. El edil convocante, Daniel Graffigna (PN), hizo explícito su malestar por la ausencia de los dos ediles del Partido Colorado. Sin embargo, descargó reproches hacia la bancada oficialista.
"Ninguno entró a sala. Tampoco se hizo presente el intendente Ehrlich. Y hay que aclarar que estaba en falta, porque no concurrió cuando debió hacerlo y tuvimos que marcarle fecha para que viniera. Esto demuestra, claramente, que no tienen voluntad para investigar, ni para terminar con la corrupción que hay en el Servicio de Necrópolis de la Intendencia".
"Es una frustración, siento que cometí un error garrafal al haber confiado en el intendente, que se comprometió a investigar este tema gravísimo de desaparición de cuerpos y venta ilegal de nichos y panteones en los cementerios municipales", añadió Graffigna.
Motivos para la ausencia
El capítulo XIV del reglamento de la Junta Departamental señala en su artículo N° 80 que "todo edil está obligado a asistir, salvo caso de fuerza mayor, a todas las sesiones plenarias o de las comisiones asesoras (...), permaneciendo en sala durante su transcurso". Varios de los ediles del Frente Amplio se encontraban ayer en el edificio de la Junta Departamental, pero no ingresaron a sala. También faltaron dos ediles colorados.
El País Digital- TITULOS NUESTROS
20.10.09
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URUGUAY-NOTICIAS
LA PAULATINA
MARCHA HACIA
LA CUBANIZACION
DEL URUGUAY
El Frente se hizo una cirugía estética: Del Congreso a hoy. Varios de los postulados del programa están en cuarentena electoral
El discurso electoral del Frente Amplio, y en particular de su candidato presidencial, ha sufrido vaivenes y algunos virajes bruscos desde que el Congreso de diciembre aprobó el programa de gobierno.
La convocatoria a una Asamblea Constituyente, la creación de un Frigorífico Nacional y la eliminación del lucro en el sistema de seguridad social, son propuestas que forman parte del programa de gobierno del Frente Amplio aunque su candidato las haya dejado de lado durante la campaña.
La cotización de los entes en la Bolsa y el tope a la propiedad de tierras son, por el contrario, ideas que José Mujica maneja sin el aval de todo el partido.
Hace poco más de un año, algunos políticos frenteamplistas adelantaban que el próximo programa de gobierno impulsaría una "necesaria" reforma constitucional. No se aludía a motivos ni formas. "No hemos enterado en los contenidos", reconocía Héctor Lescano, ministro de Turismo. "Lo importante es el fondo de la cuestión".
La intención de modificar la Carta Magna quedó plasmada, aunque vagamente, en el V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini de diciembre.
"En esta etapa (eventual segundo gobierno) la profundización de las reformas estructurales hacen necesario habilitar los marcos normativos adecuados para procesarlas. Para ello, entre otras medidas, será necesario incluso convocar una Convención Nacional Constituyente dentro del primer año de gobierno", acordaron las distintas fuerzas del Frente.
Fue la única mención a la reforma en el programa, pero alcanzó para que la oposición reaccionara, la tildara de "demencial", y los entonces precandidatos Luis Alberto Lacalle y Pedro Bordaberry manifestaran su preocupación.
TOPE A LA PROPIEDAD. Tras las internas, Mujica retomó el tema. Reconoció que no había un criterio común sobre qué incluir en una Asamblea Constituyente, pero que para él era necesario poner un tope a la propiedad de la tierra y que ésta no podía estar en poder de sociedades anónimas. En todo caso, aseguró, es un mecanismo que "necesita el acuerdo de dos o tres partidos". Poco más se oyó sobre la Constituyente.
Algo similar ocurrió con la idea de crear un Frigorífico Nacional. Fue una propuesta del Partido Comunista y del Movimiento de Participación Popular, que también se votó en el Congreso. Y aunque el programa -que establece los lineamientos para el próximo quinquenio- sólo se comprometió a "estudiar el desarrollo" de ese Frigorífico, Mujica se refirió al tema reiteradas veces en su discurso electoral.
De a poco lo fue dejando de lado. Primero dijo que lo haría pero no regido por el derecho público. Luego, que no convenía porque el ente se burocratizaría rápidamente.
La propuesta quedó en veremos hasta pasadas las internas, cuando en septiembre, en la Expo Prado, la fórmula oficialista concluyó que el Frigorífico Nacional no era "una prioridad". Otra iniciativa del Congreso que quedó relegada en la campaña.
En diciembre también se expresó la intención de modificar la seguridad social "apuntando a la extinción del lucro, a través de una reforma estructural del sistema".
Aunque no se explicita, dicha reforma parecería eliminar las AFAPs como instituciones privadas administradoras de los aportes de los trabajadores. Varias voces frenteamplistas se manifestaron en contra de las AFAPs durante la campaña, entre ellas la senadora y esposa de Mujica, Lucía Topolansky.
Sin embargo, el candidato rechazó la idea, probablemente por la firme convicción de su compañero de fórmula de que el mecanismo de las AFAPs es "solvente". El Partido Comunista sostiene que la eliminación del lucro en la seguridad social, así como la creación de un Frigorífico Nacional, son iniciativas que "siguen en pie".
Estas propuestas del Congreso (y otras, como la de crear un Ministerio de Justicia y un "ente estatal del mar") no han sido materia de discurso en este último tramo previo a las elecciones nacionales. Quizá por no redituables, por visualizar que no serían bien recibidas por el electorado, o incluso por falta de convicción de Mujica respecto a las mismas. Ninguna formó parte de la Plataforma Electoral del Frente Amplio.
IDEAS PROPIAS. Hubo otras que, si bien no se votaron en el Congreso, las manejó el candidato frenteamplista en forma unilateral. La cotización de las empresas públicas en la Bolsa de Valores fue una de ellas.
Mujica visitó la Bolsa, habló de la transparencia que ganarían los entes emitiendo acciones allí, y nuevamente se enfrentó con una oposición que le retrucó. Esa idea, de cuño "neoliberal", ya había sido planteada en otras ocasiones. El Partido Nacional la había presentado en el Parlamento poco tiempo atrás, y los legisladores frentistas la habían rechazado. El candidato quedó solo ya que la izquierda ratificó su disconformidad.
El límite a la concentración de tierras no formó parte del Congreso, pero sí integra el programa ya que en el anexo, elaborado por la Comisión de Jóvenes, se indica: "La desconcentración de la propiedad de la tierra es un proceso que debemos comenzar en el segundo período de gobierno".
Tras la publicación de Pepe Coloquios, del periodista Alfredo García, se reavivó la polémica. "Aquello de la tierra para el que la trabaja es propietarista. La tierra es de la nación, es lo único casi estable (…) Vamos a dejar usarla pero usarla bien y que (se) pague una renta", sentencia Mujica en el libro, y agrega que el Estado debe ser "el arrendador" de la tierra.
El "temor" que esto suscita en parte de la ciudadanía fue utilizado en los spots del Partido Nacional, argumentando que el Frente expropiaría lo que cada uno consiguió con su trabajo. Mujica, si bien defendió su idea y explicó que poner tope a la adquisición de tierras no es lo mismo que expropiar, relativizó lo anunciado diciendo que para ello se precisaría, al igual que en la convocatoria a una Constituyente, un "acuerdo entre todos los partidos".
De todas formas, se sabe que el programa que se aprueba en el Congreso es, para este partido, la verdadera "Biblia" a la hora de gobernar.
Seguridad: poco en el programa
La seguridad ciudadana es, según la encuestadora Cifra, lo que más preocupa al electorado a la par de la prosperidad económica. En el programa del Congreso se dice poco y nada de la inseguridad. Se propuso hacer una "reforma del marco institucional" pero no especificaron mucho más. Como la oposición comunicó varias iniciativas al respecto, el Frente Amplio lanzó el 2 de octubre -10 meses después del Congreso- un compilado con sus principales propuestas.
EL PAIS DIGITAL – TITULOS NUESTROS
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LA CUBANIZACION
DEL URUGUAY
El Frente se hizo una cirugía estética: Del Congreso a hoy. Varios de los postulados del programa están en cuarentena electoral
El discurso electoral del Frente Amplio, y en particular de su candidato presidencial, ha sufrido vaivenes y algunos virajes bruscos desde que el Congreso de diciembre aprobó el programa de gobierno.
La convocatoria a una Asamblea Constituyente, la creación de un Frigorífico Nacional y la eliminación del lucro en el sistema de seguridad social, son propuestas que forman parte del programa de gobierno del Frente Amplio aunque su candidato las haya dejado de lado durante la campaña.
La cotización de los entes en la Bolsa y el tope a la propiedad de tierras son, por el contrario, ideas que José Mujica maneja sin el aval de todo el partido.
Hace poco más de un año, algunos políticos frenteamplistas adelantaban que el próximo programa de gobierno impulsaría una "necesaria" reforma constitucional. No se aludía a motivos ni formas. "No hemos enterado en los contenidos", reconocía Héctor Lescano, ministro de Turismo. "Lo importante es el fondo de la cuestión".
La intención de modificar la Carta Magna quedó plasmada, aunque vagamente, en el V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini de diciembre.
"En esta etapa (eventual segundo gobierno) la profundización de las reformas estructurales hacen necesario habilitar los marcos normativos adecuados para procesarlas. Para ello, entre otras medidas, será necesario incluso convocar una Convención Nacional Constituyente dentro del primer año de gobierno", acordaron las distintas fuerzas del Frente.
Fue la única mención a la reforma en el programa, pero alcanzó para que la oposición reaccionara, la tildara de "demencial", y los entonces precandidatos Luis Alberto Lacalle y Pedro Bordaberry manifestaran su preocupación.
TOPE A LA PROPIEDAD. Tras las internas, Mujica retomó el tema. Reconoció que no había un criterio común sobre qué incluir en una Asamblea Constituyente, pero que para él era necesario poner un tope a la propiedad de la tierra y que ésta no podía estar en poder de sociedades anónimas. En todo caso, aseguró, es un mecanismo que "necesita el acuerdo de dos o tres partidos". Poco más se oyó sobre la Constituyente.
Algo similar ocurrió con la idea de crear un Frigorífico Nacional. Fue una propuesta del Partido Comunista y del Movimiento de Participación Popular, que también se votó en el Congreso. Y aunque el programa -que establece los lineamientos para el próximo quinquenio- sólo se comprometió a "estudiar el desarrollo" de ese Frigorífico, Mujica se refirió al tema reiteradas veces en su discurso electoral.
De a poco lo fue dejando de lado. Primero dijo que lo haría pero no regido por el derecho público. Luego, que no convenía porque el ente se burocratizaría rápidamente.
La propuesta quedó en veremos hasta pasadas las internas, cuando en septiembre, en la Expo Prado, la fórmula oficialista concluyó que el Frigorífico Nacional no era "una prioridad". Otra iniciativa del Congreso que quedó relegada en la campaña.
En diciembre también se expresó la intención de modificar la seguridad social "apuntando a la extinción del lucro, a través de una reforma estructural del sistema".
Aunque no se explicita, dicha reforma parecería eliminar las AFAPs como instituciones privadas administradoras de los aportes de los trabajadores. Varias voces frenteamplistas se manifestaron en contra de las AFAPs durante la campaña, entre ellas la senadora y esposa de Mujica, Lucía Topolansky.
Sin embargo, el candidato rechazó la idea, probablemente por la firme convicción de su compañero de fórmula de que el mecanismo de las AFAPs es "solvente". El Partido Comunista sostiene que la eliminación del lucro en la seguridad social, así como la creación de un Frigorífico Nacional, son iniciativas que "siguen en pie".
Estas propuestas del Congreso (y otras, como la de crear un Ministerio de Justicia y un "ente estatal del mar") no han sido materia de discurso en este último tramo previo a las elecciones nacionales. Quizá por no redituables, por visualizar que no serían bien recibidas por el electorado, o incluso por falta de convicción de Mujica respecto a las mismas. Ninguna formó parte de la Plataforma Electoral del Frente Amplio.
IDEAS PROPIAS. Hubo otras que, si bien no se votaron en el Congreso, las manejó el candidato frenteamplista en forma unilateral. La cotización de las empresas públicas en la Bolsa de Valores fue una de ellas.
Mujica visitó la Bolsa, habló de la transparencia que ganarían los entes emitiendo acciones allí, y nuevamente se enfrentó con una oposición que le retrucó. Esa idea, de cuño "neoliberal", ya había sido planteada en otras ocasiones. El Partido Nacional la había presentado en el Parlamento poco tiempo atrás, y los legisladores frentistas la habían rechazado. El candidato quedó solo ya que la izquierda ratificó su disconformidad.
El límite a la concentración de tierras no formó parte del Congreso, pero sí integra el programa ya que en el anexo, elaborado por la Comisión de Jóvenes, se indica: "La desconcentración de la propiedad de la tierra es un proceso que debemos comenzar en el segundo período de gobierno".
Tras la publicación de Pepe Coloquios, del periodista Alfredo García, se reavivó la polémica. "Aquello de la tierra para el que la trabaja es propietarista. La tierra es de la nación, es lo único casi estable (…) Vamos a dejar usarla pero usarla bien y que (se) pague una renta", sentencia Mujica en el libro, y agrega que el Estado debe ser "el arrendador" de la tierra.
El "temor" que esto suscita en parte de la ciudadanía fue utilizado en los spots del Partido Nacional, argumentando que el Frente expropiaría lo que cada uno consiguió con su trabajo. Mujica, si bien defendió su idea y explicó que poner tope a la adquisición de tierras no es lo mismo que expropiar, relativizó lo anunciado diciendo que para ello se precisaría, al igual que en la convocatoria a una Constituyente, un "acuerdo entre todos los partidos".
De todas formas, se sabe que el programa que se aprueba en el Congreso es, para este partido, la verdadera "Biblia" a la hora de gobernar.
Seguridad: poco en el programa
La seguridad ciudadana es, según la encuestadora Cifra, lo que más preocupa al electorado a la par de la prosperidad económica. En el programa del Congreso se dice poco y nada de la inseguridad. Se propuso hacer una "reforma del marco institucional" pero no especificaron mucho más. Como la oposición comunicó varias iniciativas al respecto, el Frente Amplio lanzó el 2 de octubre -10 meses después del Congreso- un compilado con sus principales propuestas.
EL PAIS DIGITAL – TITULOS NUESTROS
19.10.09
17.10.09
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URUGUAY-NOTICIAS
Los cínicos de siempre
¡FA critica "injerencia"
de la iglesia en política
y comete injerencia
en asuntos
de la Iglesia!
Aborto. Declaración de "principios no negociables" de la Iglesia en esta elección
Un comunicado de la Iglesia Católica sobre aspectos bioéticos en las elecciones despertó una oleada de críticas en el Frente Amplio, donde lo tildaron de "injerencia" en la política. La oposición consideró que la Iglesia tiene derecho a manifestarse.
El jueves, la Iglesia Católica emitió un comunicado a través de su Instituto Arquidiocesano de Bioética Juan Pablo II, sobre "los aspectos bioéticos en las próximas elecciones". En el documento se recuerdan los "principios no negociables" que destacó el Papa Benedicto XVI y que deben regir la conducta de los católicos.
Según el documento, estos principios son "la protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural", el "reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia", y la "protección del derecho de los padres a educar a sus hijos".
La senadora del MPP Lucía Topolansky dijo a El País que, a su entender, "la Iglesia está haciendo política" aunque señaló que "es libre de hacerlo", ya que éste "es un país libre".
"Nadie va a festejar un aborto. En el programa del Frente Amplio no se habla a favor del aborto. Se trata de transparentar la situación de esas mujeres que están en soledad, que sienten el delito, que temen el juicio de la sociedad", señaló a título personal la esposa del presidenciable del Frente Amplio, José Mujica. "El tema es cómo se llega a esas mujeres, para que a través del apoyo de un equipo técnico, preparado, les dé certezas para que puedan llegar a desistir", indicó.
En el capítulo II del programa del Frente Amplio, aprobado en diciembre de 2008, se expresa que se implementarán "políticas tendientes a recuperar terreno sobre lo avanzado en materia legal en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto".
Por su parte, la senadora del Partido Socialista Mónica Xavier, dijo a El País que el comunicado de la Iglesia representa "una injerencia en la política". "Creo que no es por casualidad que la Iglesia Católica toma este tema, sobre el cual ha hecho planteos similares en reiteradas oportunidades", dijo Xavier, para quien "escuchar estas advertencias parece bastante reñido con el juego democrático". La senadora recordó que en Uruguay la separación entre la Iglesia y el Estado data de más de 100 años.
Xavier señaló que la Iglesia "puede opinar", pero "a tan pocos días de la veda" su pronunciamiento "parece una actividad político partidaria". Para la senadora, "no habiendo otro partido que incorpore la despenalización del aborto al programa, la Iglesia está apuntando directamente al Frente Amplio", y señaló que, en una democracia "participan los partidos políticos".
"En todo caso, que lo diga con sinceridad, pero creo que está haciendo una alusión directa sin reconocerla", indicó.
Por su lado, el candidato al Senado por la lista 5005, Diego Cánepa, dijo que "hay que leer la Biblia para recordar que `al César lo que es del César`". Cánepa recordó, al igual que Xavier, que "en Uruguay la Iglesia fue separada del Estado hace más de cien años y por lo tanto las decisiones del Estado las resolvemos como ciudadanos".
De todos modos, las opiniones dentro del Frente Amplio no fueron unánimes. El ministro de Turismo Héctor Lescano, declaró a El País que está en contra de la despenalización del aborto, ya que "el derecho a la vida es un derecho fundamental". Lescano, integrante del Partido Demócrata Cristiano, opinó que la Iglesia "está en todo su derecho" de emitir este tipo de comunicados, y recordó que "siempre lo ha hecho".
Aunque la despenalización del aborto está en el programa del FA, Lescano señaló que, en la plataforma electoral de esa fuerza política, aprobada el mes pasado, "se resolvió precisamente no incluir una posición relativa a la legalización del aborto".
Guía. El documento de la Iglesia Católica advierte que "ante la próxima instancia electoral, y dados los muchos temas de naturaleza bioética que se juegan en esta coyuntura", el Instituto Arquidiocesano de Bioética, "cumple con su obligación de aportar desde su punto de vista específico al discernimiento de los católicos".
El texto destaca que el "negar o tergiversar" los "principios no negociables" sobre la vida humana, "constituye una ofensa contra la verdad de la persona humana". Tras señalar cuáles son los principios por los que se debe velar, y "conscientes de lo que está en juego en esta particular coyuntura electoral" el documento exhorta "a todos los católicos a tomar estas pautas como guía".
Luis Alberto Lacalle
Candidato a la presidencia por el Partido nacional
El candidato nacionalista consideró que la declaración de la Iglesia "no es una injerencia" en la política, "porque injerencia significa introducirse, y esto es una opinión". Para Lacalle, "puede opinar la sinagoga, la masonería, la umbanda y los islamitas", ya que "este es un país libre". En cuanto a la declaración de la Iglesia, Lacalle dijo que, aunque "es una de las instituciones más importantes del mundo, lo que opina está destinado a sus feligreses, y se limita a eso", ya que "Uruguay es un Estado laico". Señaló que el Partido Nacional no apoya la despenalización del aborto por razones filosóficas, y porque en su declaración de principios está la defensa de la vida desde la concepción.
Pedro Bordaberry
Candidato a la presidencia por el partido colorado
El candidato del Partido Colorado se manifestó de acuerdo con el posicionamiento sobre la despenalización del aborto que realizó la Iglesia Católica, pero marcó distancia entre las decisiones del ámbito político y los postulados religiosos. "Si la Iglesia quiere hacer declaraciones, que las haga. No obstante, me parece que los políticos no tenemos que meternos en su terreno. Pueden hacer los comentarios que quieran, yo tengo mis propias convicciones", subrayó Bordaberry. "En esta caso coincido (con la Iglesia Católica) pero yo voy a hacer lo que a mi me parezca correcto. Cada uno en su lugar", enfatizó el candidato presidencial del Partido Colorado.
Pablo Mieres
Candidato a la presidencia por el partido independiente
Para Mieres, la Iglesia "tiene todo el derecho" de emitir sus declaraciones y a "señalar criterios de orientación" a su feligresía, y agregó que "después cada persona es libre de aceptar la orientación o no". El candidato indicó que los partidos "no tienen por qué meterse en definiciones de una organización social". En cuanto a que la declaración de la Iglesia pudiera ser una injerencia en la política, Mieres dijo que "cada organización social tiene sus principios, y tiene el derecho y quizás hasta la obligación de transmitirlos a su gente". Mieres es "categóricamente" contrario a la ley de despenalización del aborto, aunque el Partido Independiente no tiene una postura institucional al respecto.
El País Digital – TÍTULOS NUESTROS
¡FA critica "injerencia"
de la iglesia en política
y comete injerencia
en asuntos
de la Iglesia!
Aborto. Declaración de "principios no negociables" de la Iglesia en esta elección
Un comunicado de la Iglesia Católica sobre aspectos bioéticos en las elecciones despertó una oleada de críticas en el Frente Amplio, donde lo tildaron de "injerencia" en la política. La oposición consideró que la Iglesia tiene derecho a manifestarse.
El jueves, la Iglesia Católica emitió un comunicado a través de su Instituto Arquidiocesano de Bioética Juan Pablo II, sobre "los aspectos bioéticos en las próximas elecciones". En el documento se recuerdan los "principios no negociables" que destacó el Papa Benedicto XVI y que deben regir la conducta de los católicos.
Según el documento, estos principios son "la protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural", el "reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia", y la "protección del derecho de los padres a educar a sus hijos".
La senadora del MPP Lucía Topolansky dijo a El País que, a su entender, "la Iglesia está haciendo política" aunque señaló que "es libre de hacerlo", ya que éste "es un país libre".
"Nadie va a festejar un aborto. En el programa del Frente Amplio no se habla a favor del aborto. Se trata de transparentar la situación de esas mujeres que están en soledad, que sienten el delito, que temen el juicio de la sociedad", señaló a título personal la esposa del presidenciable del Frente Amplio, José Mujica. "El tema es cómo se llega a esas mujeres, para que a través del apoyo de un equipo técnico, preparado, les dé certezas para que puedan llegar a desistir", indicó.
En el capítulo II del programa del Frente Amplio, aprobado en diciembre de 2008, se expresa que se implementarán "políticas tendientes a recuperar terreno sobre lo avanzado en materia legal en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto".
Por su parte, la senadora del Partido Socialista Mónica Xavier, dijo a El País que el comunicado de la Iglesia representa "una injerencia en la política". "Creo que no es por casualidad que la Iglesia Católica toma este tema, sobre el cual ha hecho planteos similares en reiteradas oportunidades", dijo Xavier, para quien "escuchar estas advertencias parece bastante reñido con el juego democrático". La senadora recordó que en Uruguay la separación entre la Iglesia y el Estado data de más de 100 años.
Xavier señaló que la Iglesia "puede opinar", pero "a tan pocos días de la veda" su pronunciamiento "parece una actividad político partidaria". Para la senadora, "no habiendo otro partido que incorpore la despenalización del aborto al programa, la Iglesia está apuntando directamente al Frente Amplio", y señaló que, en una democracia "participan los partidos políticos".
"En todo caso, que lo diga con sinceridad, pero creo que está haciendo una alusión directa sin reconocerla", indicó.
Por su lado, el candidato al Senado por la lista 5005, Diego Cánepa, dijo que "hay que leer la Biblia para recordar que `al César lo que es del César`". Cánepa recordó, al igual que Xavier, que "en Uruguay la Iglesia fue separada del Estado hace más de cien años y por lo tanto las decisiones del Estado las resolvemos como ciudadanos".
De todos modos, las opiniones dentro del Frente Amplio no fueron unánimes. El ministro de Turismo Héctor Lescano, declaró a El País que está en contra de la despenalización del aborto, ya que "el derecho a la vida es un derecho fundamental". Lescano, integrante del Partido Demócrata Cristiano, opinó que la Iglesia "está en todo su derecho" de emitir este tipo de comunicados, y recordó que "siempre lo ha hecho".
Aunque la despenalización del aborto está en el programa del FA, Lescano señaló que, en la plataforma electoral de esa fuerza política, aprobada el mes pasado, "se resolvió precisamente no incluir una posición relativa a la legalización del aborto".
Guía. El documento de la Iglesia Católica advierte que "ante la próxima instancia electoral, y dados los muchos temas de naturaleza bioética que se juegan en esta coyuntura", el Instituto Arquidiocesano de Bioética, "cumple con su obligación de aportar desde su punto de vista específico al discernimiento de los católicos".
El texto destaca que el "negar o tergiversar" los "principios no negociables" sobre la vida humana, "constituye una ofensa contra la verdad de la persona humana". Tras señalar cuáles son los principios por los que se debe velar, y "conscientes de lo que está en juego en esta particular coyuntura electoral" el documento exhorta "a todos los católicos a tomar estas pautas como guía".
Luis Alberto Lacalle
Candidato a la presidencia por el Partido nacional
El candidato nacionalista consideró que la declaración de la Iglesia "no es una injerencia" en la política, "porque injerencia significa introducirse, y esto es una opinión". Para Lacalle, "puede opinar la sinagoga, la masonería, la umbanda y los islamitas", ya que "este es un país libre". En cuanto a la declaración de la Iglesia, Lacalle dijo que, aunque "es una de las instituciones más importantes del mundo, lo que opina está destinado a sus feligreses, y se limita a eso", ya que "Uruguay es un Estado laico". Señaló que el Partido Nacional no apoya la despenalización del aborto por razones filosóficas, y porque en su declaración de principios está la defensa de la vida desde la concepción.
Pedro Bordaberry
Candidato a la presidencia por el partido colorado
El candidato del Partido Colorado se manifestó de acuerdo con el posicionamiento sobre la despenalización del aborto que realizó la Iglesia Católica, pero marcó distancia entre las decisiones del ámbito político y los postulados religiosos. "Si la Iglesia quiere hacer declaraciones, que las haga. No obstante, me parece que los políticos no tenemos que meternos en su terreno. Pueden hacer los comentarios que quieran, yo tengo mis propias convicciones", subrayó Bordaberry. "En esta caso coincido (con la Iglesia Católica) pero yo voy a hacer lo que a mi me parezca correcto. Cada uno en su lugar", enfatizó el candidato presidencial del Partido Colorado.
Pablo Mieres
Candidato a la presidencia por el partido independiente
Para Mieres, la Iglesia "tiene todo el derecho" de emitir sus declaraciones y a "señalar criterios de orientación" a su feligresía, y agregó que "después cada persona es libre de aceptar la orientación o no". El candidato indicó que los partidos "no tienen por qué meterse en definiciones de una organización social". En cuanto a que la declaración de la Iglesia pudiera ser una injerencia en la política, Mieres dijo que "cada organización social tiene sus principios, y tiene el derecho y quizás hasta la obligación de transmitirlos a su gente". Mieres es "categóricamente" contrario a la ley de despenalización del aborto, aunque el Partido Independiente no tiene una postura institucional al respecto.
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Voto epistolar
"supone severos riesgos"
Personalidades de distintos partidos firmaron manifiesto
El voto epistolar debilitará "gravemente la seguridad y la pureza del sistema electoral vigente", sostiene un grupo de personalidades de actuación pública, afines a distintos partidos políticos, en un manifiesto sobre el plebiscito que será sometido a consideración en las elecciones del 25 de octubre.
Los firmantes explican "los severos riesgos que supondría la aprobación de la reforma proyectada".
El voto epistolar "no asegura la correcta identificación del votante", ya que "ninguno de los controles (dispuestos por la Corte Electoral) podría llevarse a cabo con la misma eficacia".
El sistema vigente "asegura la depuración del padrón y el estricto contralor de la identidad del votante en el momento de emitir el sufragio ". Adicionalmente, "la legislación admite y alienta este contralor a través de la presencia de delegados de los distintos partidos políticos. Ninguno de estos controles podría llevarse a cabo con la misma eficacia en el caso del voto epistolar", se afirma en el manifiesto.
Asimismo, se expone que el voto desde el exterior por correo "choca con el principio de igualdad" consagrado en la Constitución.
"El régimen vigente establece que el sufragio es obligatorio y prevé sanciones" en caso de incumplimiento. "Imponer tales sanciones a los residentes en el exterior, no sería sencillo desde el punto de vista práctico. Por otra parte, el voto por correspondencia concedido a los residentes en el exterior, consagraría una discriminación injusta contra los residentes en el territorio nacional, que no pueden votar fuera del departamento donde están inscriptos".
También sostienen que el sufragio desde el exterior "no asegura que el voto sea secreto", una de las condiciones que "nuestra Constitución consagra como columna vertebral del sistema".
"Cuando se vota por correspondencia, no es posible garantizar el secreto del acto de emisión del sufragio ni, por consiguiente, la libertad del elector", expone el manifiesto.
Entre los firmantes están Alejandro Atchugarry, Matilde Rodríguez Larreta, Juan Andrés Ramírez, Carlos Maggi, Didier Opertti, Gonzalo Aguirre, Antonio Mercader, Pablo Da Silveira, Silvia Ferreira Sienra, Leonardo Guzmán, Eduardo Lapenne, Daniel Hugo Martins, Inés Fabregat Ponce De León, Romeo Pérez, Miguel Semino y Alberto Zumarán.
El País Digital
"supone severos riesgos"
Personalidades de distintos partidos firmaron manifiesto
El voto epistolar debilitará "gravemente la seguridad y la pureza del sistema electoral vigente", sostiene un grupo de personalidades de actuación pública, afines a distintos partidos políticos, en un manifiesto sobre el plebiscito que será sometido a consideración en las elecciones del 25 de octubre.
Los firmantes explican "los severos riesgos que supondría la aprobación de la reforma proyectada".
El voto epistolar "no asegura la correcta identificación del votante", ya que "ninguno de los controles (dispuestos por la Corte Electoral) podría llevarse a cabo con la misma eficacia".
El sistema vigente "asegura la depuración del padrón y el estricto contralor de la identidad del votante en el momento de emitir el sufragio ". Adicionalmente, "la legislación admite y alienta este contralor a través de la presencia de delegados de los distintos partidos políticos. Ninguno de estos controles podría llevarse a cabo con la misma eficacia en el caso del voto epistolar", se afirma en el manifiesto.
Asimismo, se expone que el voto desde el exterior por correo "choca con el principio de igualdad" consagrado en la Constitución.
"El régimen vigente establece que el sufragio es obligatorio y prevé sanciones" en caso de incumplimiento. "Imponer tales sanciones a los residentes en el exterior, no sería sencillo desde el punto de vista práctico. Por otra parte, el voto por correspondencia concedido a los residentes en el exterior, consagraría una discriminación injusta contra los residentes en el territorio nacional, que no pueden votar fuera del departamento donde están inscriptos".
También sostienen que el sufragio desde el exterior "no asegura que el voto sea secreto", una de las condiciones que "nuestra Constitución consagra como columna vertebral del sistema".
"Cuando se vota por correspondencia, no es posible garantizar el secreto del acto de emisión del sufragio ni, por consiguiente, la libertad del elector", expone el manifiesto.
Entre los firmantes están Alejandro Atchugarry, Matilde Rodríguez Larreta, Juan Andrés Ramírez, Carlos Maggi, Didier Opertti, Gonzalo Aguirre, Antonio Mercader, Pablo Da Silveira, Silvia Ferreira Sienra, Leonardo Guzmán, Eduardo Lapenne, Daniel Hugo Martins, Inés Fabregat Ponce De León, Romeo Pérez, Miguel Semino y Alberto Zumarán.
El País Digital
16.10.09
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Iglesia Católica
desalienta voto
al FA por vía
indirecta
Llamado. Convoca a votantes a defender principios de vida
La Iglesia Católica Uruguaya, a través de su Comité de Bioética pronunció ayer sus recomendaciones para la decisión del voto en la próxima elección, planteando como "principios no negociables" para los creyentes la protección a la vida y la familia.
La declaración del Instituto Arquidiocesano de Bioética "Juan Pablo II" no establece directivas concretas acerca de a que grupos votar, aunque plantea el enfoque histórico de la Iglesia. Sin embargo, el pronunciamiento surge en un contexto en el que sólo el Frente Amplio tiene en su programa la despenalización del aborto, un hecho que no registra antecedentes en las definiciones programáticas de los partidos uruguayos.
En efecto, en el capítulo II del programa aprobado en el V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini de la coalición del 13 y 14 de diciembre de 2008, establece diferentes "líneas estratégicas" y "ejes programáticos" sobre "El desarrollo a la salud Integral". Allí se expresa que se desarrollarán "políticas tendientes a recuperar terreno sobre lo avanzado en materia legal en el campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto".
La Iglesia Católica se ha expresado reiteradamente contra varias normas impulsadas por el partido de gobierno. Además de la despenalización del aborte se cuestionan leyes como la unión concubinaria que permite la unión legal entre homosexuales, la adopción por parte de parejas de un mismo sexo y las normas que permiten el cambio documental del sexo de las personas.
La declaración. El pronunciamiento del Instituto Arquidiocesano de Bioética expresa:
"Declaración sobre los aspectos bioéticos de las próximas elecciones.
Comunicado Nº 3/09
Ante la próxima instancia electoral, y dados los muchos temas de naturaleza bioética que se juegan en esta coyuntura, el Instituto Arquidiocesano de Bioética "Juan Pablo II" cumple con su obligación de aportar desde su punto de vista específico al discernimiento de los católicos y de muchas personas que aún sin compartir la fe de la Iglesia son sensibles a la natural dignidad y los derechos de la persona humana.
El Papa Benedicto XVI nos ha recordado recientemente los "principios no negociables" que deben regir la conducta de los católicos en el ámbito público y por tanto en el terreno político y concretamente el electoral.
Ante todo, siguiendo la enseñanza del Papa, conviene aclarar que:
"Estos principios no son verdades de fe, aunque reciban de la fe una nueva luz y confirmación. Están inscritos en la misma naturaleza humana y, por tanto, son comunes a toda la humanidad. La acción de la Iglesia en su promoción no es, pues, de carácter confesional, sino que se dirige a todas las personas, prescindiendo de su afiliación religiosa. Al contrario, esta acción es tanto más necesaria cuanto más se niegan o tergiversan estos principios, porque eso constituye una ofensa contra la verdad de la persona humana, una grave herida causada a la justicia misma."
Somos en efecto conscientes de que, confirmados por la tradición bíblica, estos principios derivan simplemente de una recta comprensión racional de lo que es el ser humano, y son suscritos y apoyados por una gran cantidad de personas pertenecientes a un amplio abanico de posturas filosóficas, incluyendo ateos, agnósticos, creyentes de varias religiones y hermanos cristianos de otras confesiones.
Respecto de los principios no negociables en cuestión, nos dice el Papa:
"Por lo que atañe a la Iglesia católica, lo que pretende principalmente con sus intervenciones en el ámbito público es la defensa y promoción de la dignidad de la persona; por eso, presta conscientemente una atención particular a principios que no son negociables. Entre estos, hoy pueden destacarse los siguientes:
- protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural;
- reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su irreemplazable papel social;
- protección del derecho de los padres a educar a sus hijos."
En plena sintonía con la enseñanza pontificia, la Conferencia Episcopal del Uruguay ha señalado recientemente las pautas que deben clarificar el discernimiento electoral de los católicos . De ellas extractamos las que guardan relación más inmediata con la competencia de este Instituto Arquidiocesano de Bioética:
"2. Juzgar con sentido crítico las políticas concretas por su manera de encarar el problema global de la vida humana en el Uruguay de hoy, atendiendo especialmente a la defensa del derecho de todo ser humano a la vida, desde la concepción, pasando por todas las etapas de su desarrollo, hasta la muerte natural. (…)
4. Poner como condición necesaria de nuestro apoyo a las distintas propuestas la defensa de la familia basada en el matrimonio estable de un varón y una mujer y la coherencia de esas propuestas con la consecuente visión de la sexualidad humana y su significado. Reclamar la plena y real libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos."
Es por eso que, conscientes de lo que está en juego en esta particular coyuntura electoral para nuestro país en relación con estos valores y principios, exhortamos a todos los católicos, y en general a todas las personas preocupadas por realizar éticamente su opción electoral, a tomar estas pautas como guía, con la certeza de estar así contribuyendo al mejor futuro para nuestro país".
El País Digital
desalienta voto
al FA por vía
indirecta
Llamado. Convoca a votantes a defender principios de vida
La Iglesia Católica Uruguaya, a través de su Comité de Bioética pronunció ayer sus recomendaciones para la decisión del voto en la próxima elección, planteando como "principios no negociables" para los creyentes la protección a la vida y la familia.
La declaración del Instituto Arquidiocesano de Bioética "Juan Pablo II" no establece directivas concretas acerca de a que grupos votar, aunque plantea el enfoque histórico de la Iglesia. Sin embargo, el pronunciamiento surge en un contexto en el que sólo el Frente Amplio tiene en su programa la despenalización del aborto, un hecho que no registra antecedentes en las definiciones programáticas de los partidos uruguayos.
En efecto, en el capítulo II del programa aprobado en el V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini de la coalición del 13 y 14 de diciembre de 2008, establece diferentes "líneas estratégicas" y "ejes programáticos" sobre "El desarrollo a la salud Integral". Allí se expresa que se desarrollarán "políticas tendientes a recuperar terreno sobre lo avanzado en materia legal en el campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto".
La Iglesia Católica se ha expresado reiteradamente contra varias normas impulsadas por el partido de gobierno. Además de la despenalización del aborte se cuestionan leyes como la unión concubinaria que permite la unión legal entre homosexuales, la adopción por parte de parejas de un mismo sexo y las normas que permiten el cambio documental del sexo de las personas.
La declaración. El pronunciamiento del Instituto Arquidiocesano de Bioética expresa:
"Declaración sobre los aspectos bioéticos de las próximas elecciones.
Comunicado Nº 3/09
Ante la próxima instancia electoral, y dados los muchos temas de naturaleza bioética que se juegan en esta coyuntura, el Instituto Arquidiocesano de Bioética "Juan Pablo II" cumple con su obligación de aportar desde su punto de vista específico al discernimiento de los católicos y de muchas personas que aún sin compartir la fe de la Iglesia son sensibles a la natural dignidad y los derechos de la persona humana.
El Papa Benedicto XVI nos ha recordado recientemente los "principios no negociables" que deben regir la conducta de los católicos en el ámbito público y por tanto en el terreno político y concretamente el electoral.
Ante todo, siguiendo la enseñanza del Papa, conviene aclarar que:
"Estos principios no son verdades de fe, aunque reciban de la fe una nueva luz y confirmación. Están inscritos en la misma naturaleza humana y, por tanto, son comunes a toda la humanidad. La acción de la Iglesia en su promoción no es, pues, de carácter confesional, sino que se dirige a todas las personas, prescindiendo de su afiliación religiosa. Al contrario, esta acción es tanto más necesaria cuanto más se niegan o tergiversan estos principios, porque eso constituye una ofensa contra la verdad de la persona humana, una grave herida causada a la justicia misma."
Somos en efecto conscientes de que, confirmados por la tradición bíblica, estos principios derivan simplemente de una recta comprensión racional de lo que es el ser humano, y son suscritos y apoyados por una gran cantidad de personas pertenecientes a un amplio abanico de posturas filosóficas, incluyendo ateos, agnósticos, creyentes de varias religiones y hermanos cristianos de otras confesiones.
Respecto de los principios no negociables en cuestión, nos dice el Papa:
"Por lo que atañe a la Iglesia católica, lo que pretende principalmente con sus intervenciones en el ámbito público es la defensa y promoción de la dignidad de la persona; por eso, presta conscientemente una atención particular a principios que no son negociables. Entre estos, hoy pueden destacarse los siguientes:
- protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural;
- reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su irreemplazable papel social;
- protección del derecho de los padres a educar a sus hijos."
En plena sintonía con la enseñanza pontificia, la Conferencia Episcopal del Uruguay ha señalado recientemente las pautas que deben clarificar el discernimiento electoral de los católicos . De ellas extractamos las que guardan relación más inmediata con la competencia de este Instituto Arquidiocesano de Bioética:
"2. Juzgar con sentido crítico las políticas concretas por su manera de encarar el problema global de la vida humana en el Uruguay de hoy, atendiendo especialmente a la defensa del derecho de todo ser humano a la vida, desde la concepción, pasando por todas las etapas de su desarrollo, hasta la muerte natural. (…)
4. Poner como condición necesaria de nuestro apoyo a las distintas propuestas la defensa de la familia basada en el matrimonio estable de un varón y una mujer y la coherencia de esas propuestas con la consecuente visión de la sexualidad humana y su significado. Reclamar la plena y real libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos."
Es por eso que, conscientes de lo que está en juego en esta particular coyuntura electoral para nuestro país en relación con estos valores y principios, exhortamos a todos los católicos, y en general a todas las personas preocupadas por realizar éticamente su opción electoral, a tomar estas pautas como guía, con la certeza de estar así contribuyendo al mejor futuro para nuestro país".
El País Digital
14.10.09
13.10.09
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URUGUAY-NOTICIAS
De Mello pidió a empleada que retire denuncia
¡FERNANDEZ
HUIDOBRO Y FLÍA:
DEL TERRORISMO
DE AYER AL
GANGSTERISMO
DE HOY!
Alejandra De Mello -esposa del senador frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro y coordinadora de la empresa Clanider S.A., que presta funciones en el Hospital Maciel- pidió ayer a la funcionaria que presentó la semana pasada una denuncia policial en su contra por presuntas amenazas que retire esa acción.
La trabajadora fue abordada por De Mello y la encargada del turno matutino, quienes le reclamaron que desistiera de la denuncia porque se trató de un "malentendido", dijeron fuentes del sindicato del Hospital Maciel a El País.
La denunciante transmitió a las jerarcas de la empresa que no retirará la denuncia, la cual fue radicada el jueves pasado en la Seccional 1a. de la Ciudad Vieja, agregaron las fuentes consultadas.
En Clanider S.A. se sospecha que la trabajadora es quien ha brindado información al diputado nacionalista Jorge Gandini sobre algunas irregularidades de la empresa, investigada además por so-brefacturar al Hospital Maciel $ 4.169.290 entre los meses de mayo de 2008 y mayo de 2009.
Gandini aportó tiempo atrás a la jueza Graciela Gatti elementos que indican que empleados de la empresa realizaban tareas de limpieza en la casa la madre de De Mello -supervisora general de Clanider S.A.- y también en el domicilio de la administradora general del nosocomio, Lucía Zagía, a costo del Hospital Maciel.
Según la denuncia que la trabajadora presentó el jueves pasado, "desde hace un mes aproximadamente" recibe amenazas de parte de la madre de De Mello, y que su madre le dijo que le iban a "cortar la lengua".
En la denuncia policial manuscrita -a la cual tuvo acceso El País- la trabajadora de Clanider S.A. señala que el pasado miércoles 7 De Mello la llamó en cinco ocasiones a su teléfono celular y, según relata, le dijo que la enviaría a la cárcel porque era "la señora de un senador", dice la denuncia (ver recuadro) de la cual también se envió una copia al director del Hospital Maciel, Daniel Parada. Agrega que De Mello le advirtió que le haría "la vida imposible". Así, por orden expresa de los responsables de la empresa, no puede hablar con sus compañeros de trabajo, dijo la empleada,
La denunciante añade que tiene registrado en su celular que De Mello hizo las llamadas desde su casa. "Dejo constancia que si me pasa algo a mí o a mis hijos, ella es la responsable por hacer dichas amenazas...", advierte.
A raíz de la denuncia policial, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, De Mello y otras funcionarias de Clanider S.A. comparecieron ante la Seccional 1era.
Según Gandini, los empleados de Clanider S.A. "hoy tienen miedo de trabajar" porque "han sido patoteados al peor estilo mafioso para que no cuenten la situación que conocen", dijo el legislador el domingo a El País.
SILENCIO. El director del Hospital Maciel, Daniel Parada, al ser consultado ayer por El País respecto a la denuncia de la trabajadora de la empresa, respondió: "No tengo idea. No voy a hacer ningún tipo de declaración". Tampoco quiso confirmar si el sindicato de trabajadores le envió una copia del documento.
Por su parte, Fernández Huidobro no pudo ser ubicado ayer por El País, aunque su secretario indicó que el legislador prefiere no hablar del tema porque se trata de un asunto que "está en trámite en la Policía y la Justicia".
La Denuncia presentada
8/10/09 Sr comisario secc 1ª Me dirijo a usted quien suscribe Sra …….. uruguaya casada de 38 años de edad CI …. Domicilada en ……….. para radicarle la presente denuncia
Desde hace un mes aproximadamente vengo siendo amenasada por la madre de Alejandra de Mello diciendome que me va a cortar la lengua por decir cuando taba leyendo el diario que si era verdad que haciamos horas estras en el dia de ayer la señora Alejandra de Mello me llamo 5 veces a mi celular amenasandome que me hiba a mandar presa por que era la señora de un senador y tambien me amenazo de hacerme la vida imposible y en el dia de hoy yo yego y su madre habia juntado todos los trabajadores y lo esta cumpliendo y tambien no puedo hablar con ningun funcionario es orden que le dieron a la encargada teniendo como constancia el numero de telefono de su domicilio de donde me hace las llamadas dejo costancia que si me pasa algo ami o a mis hijos, ella es responsable por hacer dichas amenazas desde ya comunicado a comision interna del hospital Maciel.
EL PAÍS DIGITAL-TITULOS NUESTROS
¡FERNANDEZ
HUIDOBRO Y FLÍA:
DEL TERRORISMO
DE AYER AL
GANGSTERISMO
DE HOY!
Alejandra De Mello -esposa del senador frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro y coordinadora de la empresa Clanider S.A., que presta funciones en el Hospital Maciel- pidió ayer a la funcionaria que presentó la semana pasada una denuncia policial en su contra por presuntas amenazas que retire esa acción.
La trabajadora fue abordada por De Mello y la encargada del turno matutino, quienes le reclamaron que desistiera de la denuncia porque se trató de un "malentendido", dijeron fuentes del sindicato del Hospital Maciel a El País.
La denunciante transmitió a las jerarcas de la empresa que no retirará la denuncia, la cual fue radicada el jueves pasado en la Seccional 1a. de la Ciudad Vieja, agregaron las fuentes consultadas.
En Clanider S.A. se sospecha que la trabajadora es quien ha brindado información al diputado nacionalista Jorge Gandini sobre algunas irregularidades de la empresa, investigada además por so-brefacturar al Hospital Maciel $ 4.169.290 entre los meses de mayo de 2008 y mayo de 2009.
Gandini aportó tiempo atrás a la jueza Graciela Gatti elementos que indican que empleados de la empresa realizaban tareas de limpieza en la casa la madre de De Mello -supervisora general de Clanider S.A.- y también en el domicilio de la administradora general del nosocomio, Lucía Zagía, a costo del Hospital Maciel.
Según la denuncia que la trabajadora presentó el jueves pasado, "desde hace un mes aproximadamente" recibe amenazas de parte de la madre de De Mello, y que su madre le dijo que le iban a "cortar la lengua".
En la denuncia policial manuscrita -a la cual tuvo acceso El País- la trabajadora de Clanider S.A. señala que el pasado miércoles 7 De Mello la llamó en cinco ocasiones a su teléfono celular y, según relata, le dijo que la enviaría a la cárcel porque era "la señora de un senador", dice la denuncia (ver recuadro) de la cual también se envió una copia al director del Hospital Maciel, Daniel Parada. Agrega que De Mello le advirtió que le haría "la vida imposible". Así, por orden expresa de los responsables de la empresa, no puede hablar con sus compañeros de trabajo, dijo la empleada,
La denunciante añade que tiene registrado en su celular que De Mello hizo las llamadas desde su casa. "Dejo constancia que si me pasa algo a mí o a mis hijos, ella es la responsable por hacer dichas amenazas...", advierte.
A raíz de la denuncia policial, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, De Mello y otras funcionarias de Clanider S.A. comparecieron ante la Seccional 1era.
Según Gandini, los empleados de Clanider S.A. "hoy tienen miedo de trabajar" porque "han sido patoteados al peor estilo mafioso para que no cuenten la situación que conocen", dijo el legislador el domingo a El País.
SILENCIO. El director del Hospital Maciel, Daniel Parada, al ser consultado ayer por El País respecto a la denuncia de la trabajadora de la empresa, respondió: "No tengo idea. No voy a hacer ningún tipo de declaración". Tampoco quiso confirmar si el sindicato de trabajadores le envió una copia del documento.
Por su parte, Fernández Huidobro no pudo ser ubicado ayer por El País, aunque su secretario indicó que el legislador prefiere no hablar del tema porque se trata de un asunto que "está en trámite en la Policía y la Justicia".
La Denuncia presentada
8/10/09 Sr comisario secc 1ª Me dirijo a usted quien suscribe Sra …….. uruguaya casada de 38 años de edad CI …. Domicilada en ……….. para radicarle la presente denuncia
Desde hace un mes aproximadamente vengo siendo amenasada por la madre de Alejandra de Mello diciendome que me va a cortar la lengua por decir cuando taba leyendo el diario que si era verdad que haciamos horas estras en el dia de ayer la señora Alejandra de Mello me llamo 5 veces a mi celular amenasandome que me hiba a mandar presa por que era la señora de un senador y tambien me amenazo de hacerme la vida imposible y en el dia de hoy yo yego y su madre habia juntado todos los trabajadores y lo esta cumpliendo y tambien no puedo hablar con ningun funcionario es orden que le dieron a la encargada teniendo como constancia el numero de telefono de su domicilio de donde me hace las llamadas dejo costancia que si me pasa algo ami o a mis hijos, ella es responsable por hacer dichas amenazas desde ya comunicado a comision interna del hospital Maciel.
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